A partir de la expedición del Decreto 2092 de 2011, modificado por el Decreto 2228 de 2013; se dispuso la extinción de la comúnmente llamada “tabla de fletes”, pasando de una fijación del precio que debía pagar la empresa de transporte de carga al poseedor, propietario o tenedor del vehículo de carga y así entrar a una libertad vigilada del respectivo precio.
Bajo ese escenario las empresas de transporte de carga vieron como las investigaciones administrativas por infracción al régimen de precios fijado por el Ministerio de Transporte, eran objeto de archivo; y desde de la vigencia de los Decretos citados no se adelantaban investigaciones administrativas en contra de las empresas.
No obstante, es bajo el mismo régimen de los Decretos mencionados (2092 de 2011 modificado por el Decreto 2228 de 2013) que resurgen las investigaciones administrativas en contra de las empresas de carga por infracciones a las normas que regulan las relaciones jurídico-económicas entre la empresas y los propietarios, poseedores y tenedores de vehículos de servicio público de transporte de carga.
De ello hace énfasis la Superintendencia de Puertos y Transporte mediante la Circular 032 de 2015, presentando el listado de hechos o conductas sancionables. Adicional a ello, la Resolución 757 de 2015 expedida por el Ministerio de Transporte involucra a la Superintendencia de Industria y Comercio para que aplique sanciones a las empresas de transporte de carga, bajo las normas de protección de la competencia, por incumplimiento al régimen de costos eficientes de operación en materia de transporte y que podrá ordenar el “pago” que corresponda conforme a los respectivos costos.
En conclusión, las empresas de transporte público de carga hoy se ven enfrentadas a sanciones tanto por la Superintendencia de Puertos y Transporte como por la Superintendencia de Industria y Comercio.
¿Cómo van a afrontar las empresas de transporte de carga una nueva entidad estatal investigando sus operaciones de transporte?
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